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FDOMEZ-MEXICO- HUASTECA Y SIERRA ORIENTAL-DECLARACION

H. Puebla de Zaragoza a 12 de marzo de 2019

 Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República

 Lic. Olga Sánchez Cordero

Secretaria de Gobernación

 Lic. Alejandro Encinas Rodríguez

Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población

 Luis Raúl González Pérez

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

 Lic. Adelfo Regino Montes

Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

 Ing. Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador del estado de Veracruz

 Eric Patrocinio Cisneros Burgos

Secretario de Gobernación del Estado de Veracruz

 Jorge Winckler Ortiz

Fiscal General del Estado de Veracruz 

 Dra. Namiko Matzumoto Benítez

Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.

 Jan Jařab

Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

 Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 Margarette May Macaulay

Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 Eléonore Morel

Federación Internacional de Derechos Humanos

 
La Red de Defensa de los Derechos Humanos REDDH con domicilio para recibir información Avenida Reforma, número 334,  interior 1,  Centro Histórico de la Ciudad de Puebla; correo electrónico reddh.mex@gmail. y número celular: 044 (45) 22 27 11 47 09 manifiesta su preocupación y condena ante la liberación de Gregorio Hernández Juárez, responsable material del intento de ejecución extrajudicial del campesino indígena hñähñu Alberto Tenango Tolentino y su familia, habitantes del ejido “El Progreso” municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, e integrantes del Frente Democrático Oriental de México  Emiliano Zapata integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FDOMEZ-FNLS).

 Hechos

El día 4 de marzo de 2019, a las 2:30 horas de la madrugada, múltiples balas (veinte aproximadamente) impactaron en las paredes y techo de la vivienda de Alberto Tenango Tolentino; logrando ser identificado a Gregorio Hernández Juárez como el responsable de los disparos. Este último fue detenido por la policía municipal y trasladado al municipio de Ixhuatlán de Madero, después de interponer la denuncia por parte de la parte afectada. Cabe destacar que entre sus pertenencias se encontraron un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército con la que se presume intentó ejecutar a la familia. No obstante fue puesto en libertad, bajo argucias legales, pese a la gravedad de ambos delitos.

Antecedentes:

Los habitantes del ejido “El Progreso” han padecido desde su fundación a la fecha, múltiples afrentas perpetradas por neocaciques amparados en los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano. Ejemplo de esto es la división del ejido, después de haber sido despojados de más de la mitad de hectáreas del polígono que comprendía toda la superficie ejidal para fundar el ejido de “Pino Suárez”; en un acuerdo entre las autoridades de ambas poblaciones ejidales a espaldas de sus representados con la activa participación de instancias del sector agrario, los gobiernos municipal y estatal.

Al expresar su inconformidad con este acuerdo, parte de la población fue objeto de tratos crueles por parte de las autoridades ejidales y los neocaciques. Son años de insistencia por despojar de fracciones de tierra de la colindancia entre “Progreso” y “Piedra Grande” y las parcelas afectadas son propiedad de quienes se oponen a los malos manejos de las autoridades ejidales.

Cuando la comunidad comienza con la organización indígena campesina independiente, se frenan los despojos, tratos crueles y otras afrentas; el grupo de ejidatarios, comuneros y vecinos organizados en FDOMEZ-FNLS ha enfrentado de forma permanente el hostigamiento verbal y físico por parte de golpeadores incondicionales de las autoridades ejidales de “Progreso y Pino “Suárez”.

Se trata pues de un conflicto político de carácter agrario al interior de “Progreso”; y entre los ejidos de “Progreso”, “Pino Suárez” y Piedra Grande” donde el primero es objeto de despojo, y, el segundo y tercero son los despojadores;  De dicho conflicto tiene pleno conocimiento con sendos documentos la residencia de la Procuraduría Agraria (PA) en Álamo Temapache, Ver., y la delegación estatal  de la PA, los gobiernos en turno tanto municipal como estatal, así como la comisión estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV).

Tanto la PA, como los Tribunales agrarios y los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano actúan por consigna y a manera de represalia política contra las organizaciones campesinas del FNLS por impulsar la denuncia política, la movilización combativa y las acciones políticas de masas como la vía para ejercer de manera plena su derechos humanos, constitucionales y agrarios que se condensa parte de éstos en recuperar legítimamente la tierra  y defenderla.

Consideraciones

Se debe puntualizar que la organización popular independiente: FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO ha sido sujeto de constantes agresiones por parte del aparato policíaco-militar  y paramilitar del Estado mexicano, sin importar el partido  político que ocupe la administración federal de la República, es decir, han actuado con la misma crudeza y saña tanto priistas como panistas, del mismo modo lo han hecho en las entidades federativas los perredistas, concretamente en Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Puebla, por mencionar los principales.

Estamos frente a un flagrante caso de acoso y represión específica contra el FNLS, en donde se violan derechos humanos y constitucionales fundamentales como: a la vida; a libre organización; libre pensamiento y manifestación del mismo; al trabajo; al patrimonio, en este caso la tierra. Acciones pro-fascistas que se agudizan cuando el FNLS desarrolla jornadas de lucha, siendo una de las principales la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales del país por ser una de manda popular de carácter nacional.

A todas luces se trata de un intento de ejecución extrajudicial contra la familia, cuyos móviles son de carácter político: 1) por estar organizados de manera independiente; 2) recuperar, defender la tierra y luchar por el socialismo; 3) por exigir como parte del FNLS la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país; 4) por exigir la presentación con vida del compañero Fidencio Gómez Sántiz y juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la ejecución extrajudicial del niño Humberto Morales Sántiz (Chiapas), Manuel Martínez Bautista (Crisolco, Ver.); la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

 
Solicitud

Por lo anterior La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) demandamos:

·         Un proceso imparcial y justo para Gregorio Hernández Juárez, responsable material del intento de ejecución extrajudicial; al tratarse de dos delitos graves se solicita se reconsidere que continúe su proceso detenido, de lo contrario Alberto Tenango Tolentino y su familia se encuentran en un estado de total indefensión.

·         Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial por el intento de ejecución extrajudicial del campesino indígena hñähñu Alberto Tenango Tolentino y su familia; a fin de identificar a los autores intelectuales de este delito.

·         Solicitamos garantías para la protección de la integridad física, psicológica, jurídica y moral Alberto Tenango Tolentino y su familia, así como para todo integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

·         Cese el hostigamiento y represión por consigna de Estado a las organizaciones populares que integran al FNLS en las distintas entidades del país.      

Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y los tratados y convenios internacionales sobre el Estado mexicano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Magna y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción, omisión, o aquiesencia, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.


Atentamente

Angel Lueza Ruiz

Coordinador General de la Red de Defensa de los Derechos Humanos

Dignidad, Justicia, Libertad

Red de Defensa de los Derechos Humanos

REDDH